En medio de un escenario político marcado por tensiones, expectativas incumplidas y profundas desigualdades históricas, la figura de Francia Márquez emerge como un símbolo de transformación, integridad y resistencia. Su liderazgo, lejos de apagarse ante las críticas, se fortalece cada día más en las bases sociales. Y es, paradójicamente, el propio "Gobierno del Cambio" el que termina dándole la razón una y otra vez.
Pese a sus detractores, su influencia continúa creciendo en las comunidades, sin distinción étnica. Sin embargo, son las mujeres y las juventudes quienes encuentran en ella una figura profundamente inspiradora: resiliente, coherente y decidida. En un gobierno atravesado por dinámicas machistas y racistas, la presencia de Márquez no es anecdótica; es una ruptura con lo tradicional, una grieta en el muro de privilegios que ha definido históricamente la política colombiana.
𝗘𝗹 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗜𝗴𝘂𝗮𝗹𝗱𝗮𝗱: 𝘂𝗻 𝗹𝗼𝗴𝗿𝗼 𝗲𝗻 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝘀
Uno de los avances más significativos de su gestión ha sido la creación del Ministerio de la Igualdad, una propuesta de campaña convertida en realidad a pesar de múltiples obstáculos. En un principio, se había acordado que el Departamento de Prosperidad Social (DPS) se transformaría en dicho ministerio, replicando el modelo aplicado en la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (a partir de Colciencias) y el Ministerio del Deporte (a partir de Coldeportes). Ese camino hubiera facilitado una transición institucional eficiente en términos presupuestales y operativos.
Sin embargo, ese compromiso no se cumplió. Y a pesar de ello, el Ministerio se creó desde cero. Por eso, exigirle que en apenas dos años resuelva los problemas sociales estructurales del país es una mirada reduccionista y descontextualizada. Más preocupante aún es la tendencia a culpar a Márquez por las dificultades en la ejecución presupuestal, ignorando las múltiples trabas internas dentro del mismo gobierno. Crear una nueva entidad pública no ocurre de la noche a la mañana, y menos en un entorno marcado por resistencias institucionales activas.
𝗥𝗮𝗰𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹: 𝘂𝗻𝗮 𝗯𝗮𝗿𝗿𝗲𝗿𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗲
La experiencia histórica demuestra que los funcionarios afrocolombianos que acceden a cargos de liderazgo enfrentan no solo el racismo social, sino también el racismo institucional. A menudo, sus mayores barreras no vienen de sus adversarios políticos, sino de sus propios colegas y del aparato estatal que los rodea. Expertos lo llaman por su nombre: racismo estructural, expresado en prácticas discriminatorias, estereotipos y prejuicios profundamente arraigados tanto en el inconsciente como en el consciente colectivo de la sociedad colombiana.
𝗨𝗻𝗮 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗶𝗴𝘂𝗲 𝗽𝗲𝘀𝗮𝗻𝗱𝗼
Para comprender plenamente esta realidad, es necesario volver la mirada hacia la historia colonial. En ese modelo jerárquico de poder, las élites españolas ocupaban la cima: funcionarios coloniales, altos jerarcas de la Iglesia y grandes terratenientes. Luego venía la clase criolla blanca, nacida en América, con acceso a privilegios administrativos. Más abajo estaban los mestizos, con roles intermedios. Después, los pueblos indígenas, sometidos a trabajos forzados y despojados de derechos. Y, en la base, las personas esclavizadas de origen africano, deshumanizadas, tratadas como propiedad y sometidas a una brutal explotación.
Aunque formalmente superada, esta estructura de dominación sigue viva en las lógicas del poder colombiano. La movilidad social ha sido históricamente un privilegio de unas pocas familias que han controlado el poder político, económico y social. Su dominio se ha justificado mediante la idea de la “blanquitud” como sinónimo de superioridad, una lógica perversa que ha producido una clase dirigente mediocre, temerosa del ascenso de poblaciones históricamente excluidas.
𝗟𝗶𝗱𝗲𝗿𝗮𝗿 𝗰𝗼𝗻 𝗱𝗶𝗴𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱
En este contexto, es profundamente significativo que bajo el Gobierno del Cambio se haya logrado una representación afrocolombiana en cargos de liderazgo tanto cuantitativa como cualitativamente relevante. Sin embargo, esta presencia no puede usarse como excusa para invisibilizar o silenciar las prácticas de racismo que persisten, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil.
No se trata simplemente de ataques a una funcionaria pública. Se trata del trato que el país aún da a una población que, según el Censo Nacional de 2018, supera los cinco millones de personas. Francia Márquez, como muchos otros y otras líderes afrocolombianos, no está pidiendo favores. Está reclamando —con dignidad, firmeza y legitimidad— el derecho a ocupar los espacios que históricamente les han sido negados.
Gustavo Adolfo Lugo Vallecilla
Economista - Licenciado en Educación
MG en Gestión y Evaluación